Francia acaba de dar uno de los golpes de timón más contundentes en política energética que se recuerdan en Europa occidental. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció el viernes 10 de abril desde Matignon un plan de electrificación que tiene como telón de fondo la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento del crudo, pero cuyas implicaciones van bastante más allá de la coyuntura.
El mensaje es claro: el presupuesto estatal destinado a la electrificación de Francia se duplica, pasando de 5.000 a 10.000 millones de euros anuales de aquí a 2030. Una cifra que, eso sí, Lecornu aclaró que no implica gasto nuevo: vendrá en parte de reasignaciones presupuestarias.
El coche eléctrico, en el centro del plan
En movilidad, la apuesta es ambiciosa. El gobierno fija como objetivo que dos de cada tres coches nuevos vendidos en Francia sean eléctricos en 2030, y relanza el leasing social con 50.000 vehículos adicionales disponibles a partir de junio, dirigidos a los llamados gros rouleurs: enfermeras, auxiliares a domicilio, autónomos.
Para vehículos de empresa y camiones, se contemplan ayudas de hasta 100.000 euros por vehículo eléctrico. Un empujón especialmente relevante para flotas de reparto y transporte de mercancías, donde la barrera de entrada sigue siendo el precio de adquisición.
El argumento económico es el que más peso tiene en el discurso oficial: circular en eléctrico costaría entre 2 y 3 euros cada 100 kilómetros, frente a los aproximadamente 11 euros del diésel. Una brecha que, con el precio del barril donde está, resulta difícil de ignorar.
Fin del gas en la construcción nueva
En vivienda, la medida más llamativa llega al final del año: a partir de finales de 2026 quedará prohibido instalar calderas de gas en edificios de nueva construcción. El calor eléctrico, vía bomba de calor, pasa a ser la norma. El objetivo es alcanzar un millón de instalaciones de bombas de calor al año antes de 2030.
¿Qué significa esto para el conductor eléctrico en España?
El plan francés no tiene efectos directos en España, pero sí manda una señal política potente: los países que más dependen del petróleo importado están acelerando la transición no solo por razones climáticas, sino por soberanía energética y ahorro en la factura energética. Es exactamente el argumento que falta en el debate español sobre el vehículo eléctrico, demasiado enfocado en subvenciones y demasiado poco en el coste real de seguir dependiendo del surtidor.
Francia tiene electricidad barata, masivamente nuclear y exportable. España tiene sol. Las condiciones son distintas, pero la dirección es la misma. Lo que Lecornu llamó «las guerras de los demás» se pagan en el surtidor de todos.
Mientras tanto, en España
El contraste con lo que ocurre en España es difícil de ignorar. Con la llegada del nuevo Programa Auto+, la ayuda máxima estatal para comprar un turismo eléctrico ha pasado de 7.000 a 4.500 euros respecto al anterior Plan MOVES III, una reducción del 36% en el principal incentivo a la compra. Al mismo tiempo, el Gobierno aprobó en marzo una bajada del IVA de la gasolina del 21% al 10% como respuesta a la crisis energética derivada de la guerra en Irán. La medida, vigente desde el 21 de marzo hasta el 30 de junio de 2026, se aplica en todos los surtidores de forma automática. Pero esa misma lógica no se extendió a las recargas en electrolineras públicas: los CPOs siguen aplicando el tipo general del 21% de IVA, el mismo que pagabas antes de la crisis. El resultado es una paradoja fiscal llamativa: repostar gasolina tributa hoy al 10%, mientras que recargar tu eléctrico en la red pública tributa al 21%. La política energética manda señales, y esta no es precisamente la que esperaba el conductor eléctrico.
