Mil ochocientos cuarenta días. Cinco años y catorce días. Ese es el tiempo que tardó Repsol en abrir al público un único cargador de 50 kW en Gandía puerto. El dato lo desvela Oliver Fernández, director de Movilidad Eléctrica de la compañía, en una publicación en LinkedIn que pone números concretos a un problema que el sector lleva tiempo señalando: la burocracia frena los cargadores eléctricos en España más de lo que nadie reconoce oficialmente.
No es un caso aislado: 200 cargadores en la misma situación
El caso de Gandía no es una excepción. Fernández señala que Repsol tiene alrededor de 200 instalaciones en situación similar: proyectos técnicamente completados pero bloqueados en algún punto del proceso administrativo. Autorizaciones, trámites y procedimientos de todo tipo que, según describe, ralentizan de forma significativa el despliegue real de nuevos puntos de carga.
La ironía es difícil de ignorar. Hablamos de un cargador de 50 kW, una potencia que ya queda por debajo de lo que se considera carga rápida en 2026. No es una megainstalación de alta potencia ni un hub de recarga ultrarrápida. Es un equipo básico que ha necesitado casi dos legislaturas enteras para ver la luz.
Un coste que va más allá del dinero
Fernández pone sobre la mesa algo que suele quedar fuera del debate público: el coste reputacional. Las empresas que invierten en infraestructura de recarga acaban cargando con las críticas por una red que no crece al ritmo necesario. Pero, según este testimonio, el cuello de botella no siempre está en la inversión ni en la voluntad empresarial. Está en los plazos administrativos.
Ese matiz importa. Cuando un conductor eléctrico llega a una zona con pocos puntos de carga, tiende a culpar al operador. Lo que rara vez sabe es que ese operador puede llevar años esperando el permiso para encender ese cargador.
Lo que esto significa para la red de carga en España
España tiene objetivos ambiciosos de electrificación del transporte. Pero alcanzarlos exige una infraestructura que crezca a un ritmo coherente con esa ambición. Si instalar un único cargador de 50 kW puede implicar cinco años de trámites, la escala del problema es considerable.
Fernández no pide eliminar controles ni saltarse normativas. Pide algo más básico: que los plazos administrativos sean coherentes con la urgencia de los objetivos que nos hemos marcado como sociedad. Es una petición razonable. Y el número habla por sí solo: 1.840 días.
Para quien conduce en eléctrico en España y sigue encontrando zonas con cobertura de carga insuficiente, esta historia explica una parte del problema que rara vez aparece en los titulares. La infraestructura no falla solo por falta de inversión. A veces falla porque los permisos tardan más que toda una legislatura.
