El 15% de la red de recarga ultrarrápida de España está lista, conectada físicamente… y apagada. Puntos de carga que no funcionan no por falta de inversión privada, sino por los plazos que imponen las distribuidoras eléctricas para conectarlos a la red: entre 24 y 36 meses. Mientras tanto, en Francia o Portugal el mismo trámite se resuelve en 9 o 12 meses.
Con ese dato encima de la mesa, los principales operadores de recarga ultrarrápida que operan en España se presentaron, el 13 de abril, en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados con un manifiesto conjunto bajo el nombre Charging4Impact. Allego, Electra, Fastned, Powerdot, Tesla y Zunder —socios fundadores de la recién creada Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU)— pusieron cifras concretas a un problema que el sector lleva años denunciando: los cuellos de botella administrativos que paralizan la infraestructura ya construida.
90 millones invertidos, resultado bloqueado
Solo entre los socios fundadores de AORU, la inversión acumulada supera los 90 millones de euros y más de 2.000 puntos de recarga ultrarrápida desplegados en todo el país. No es un problema de dinero ni de tecnología. Es un problema de permisos, de opacidad en los datos de red y de ayuntamientos que siguen tratando a las electrolineras como si fueran gasolineras de los años ochenta.
El manifiesto recoge seis peticiones concretas dirigidas a las instituciones: que las distribuidoras respondan a las solicitudes de conexión en un máximo de 30 días hábiles con sanciones por incumplimiento; que se publiquen mapas unificados de capacidad de red con nivel de detalle suficiente para planificar inversiones; que no se puedan denegar conexiones sin alternativas viables; que la Declaración Responsable se aplique de forma homogénea en todos los municipios; que se cree un epígrafe CNAE propio para el sector (el 35.17, inexistente a día de hoy); y que el Plan Auto+ avance hacia un sistema de adjudicación directa que no obligue a familias y empresas a adelantar fondos durante más de dos años.
Comentario ElecTrips
Que el 15% de la red ultrarrápida esté instalada y sin funcionar es, en términos prácticos, dinero tirado y conductores eléctricos con menos opciones de las que deberían tener. El manifiesto de AORU no es retórica de lobby: es una lista de problemas muy concretos con soluciones igualmente concretas. La creación del epígrafe CNAE 35.17 puede sonar técnica y aburrida, pero es exactamente el tipo de cambio silencioso que desbloquea decenas de proyectos atascados en papel. Si las instituciones responden con la misma concreción con la que el sector ha planteado sus demandas, España tiene una oportunidad real de dejar de ir a remolque en infraestructura de carga. Si no, seguiremos contando cargadores apagados.
