La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno una reforma del Decreto 46/2022 que suprime la autorización administrativa previa para instalar puntos de recarga pública y plantas de autoconsumo de hasta 500 kW. Menos papeleo, en teoría, para quien quiera poner un cargador o unas placas solares.

Qué cambia realmente

Hasta ahora, cualquier instalación eléctrica nueva en la región necesitaba tres pasos: autorización previa, autorización de construcción y autorización de explotación. La reforma añade cuatro apartados al artículo 3 del decreto y recorta ese proceso en dos escalones.

Para instalaciones de distribución y de producción de hasta 500 kW —el rango en el que entran la mayoría de puntos de recarga y plantas solares medianas—, las modificaciones necesarias para conectar nuevos suministros podrán obtener directamente la autorización de explotación. Sin pedir permiso previo ni de construcción. Eso sí, con condiciones: que la instalación no esté sujeta a evaluación de impacto ambiental, que existan acuerdos con los particulares afectados y que cuenten con los informes favorables de administraciones y empresas de servicios.

Para instalaciones más pequeñas —baja tensión y autoconsumo de hasta 100 kW, el caso típico de una vivienda o una pequeña empresa que instala placas solares y un punto de recarga doméstico—, el trámite se reduce aún más: bastará con una certificación reglamentaria registrada ante el órgano competente. Ni siquiera hace falta acreditar la autorización de explotación por separado.

El decreto original de 2022 ya permitía saltarse la autorización previa en «modificaciones no sustanciales», pero mediante criterios técnicos que había que justificar caso por caso: no cambiar la tecnología, no mover la instalación más de 50 o 100 metros, no subir la potencia más de un 10-15%. La reforma de ahora sustituye ese criterio por uno más simple y predecible —un umbral de potencia fijo—, lo que en la práctica da más seguridad jurídica al promotor sobre si su proyecto entra o no en el procedimiento simplificado.

Más de 5.000 instalaciones al año, según la Junta

El alcance de la medida se mide en volumen. Según los datos de 2025 que maneja la Junta, la simplificación afectaría a unas 5.000 instalaciones de menos de 100 kW y a otras 25 de entre 100 y 500 kW que se tramitan cada año en la región. Son, sobre todo, instalaciones de autoconsumo doméstico y de pequeño comercio, no grandes plantas industriales.

La propia Junta reconoce que estas cifras podrían crecer si la simplificación administrativa funciona como incentivo: menos trámite, más gente que se anima a instalar solar y recarga en casa a la vez.

Castilla y León lidera la recarga pública, aunque el ranking mide algo concreto

La nota de la Junta se apoya en un dato del Barómetro de Electromovilidad de ANFAC: Castilla y León encabeza el indicador de infraestructura de recarga con 23,7 puntos sobre 100, por delante de Cantabria (22,2) y Navarra (21,7), frente a una media española de 15,4. El dato es correcto: coincide con el informe de ANFAC del segundo trimestre de 2026, que sitúa exactamente esas mismas cifras.

Conviene matizar qué mide ese indicador. No cuenta puntos de recarga en bruto, sino la proporción de infraestructura respecto a la población en edad de conducir de cada comunidad. Por eso Castilla y León puede liderar el ranking relativo sin aparecer entre las provincias con más puntos de recarga en términos absolutos: según los datos de REVE que recoge el Observatorio ElecTrips, ninguna provincia castellanoleonesa figura entre las veinte con mayor número de puntos del país, encabezadas por Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. Liderar el indicador y tener la red más grande son cosas distintas.

La Junta cifra en 3.659 los puntos de recarga públicos instalados en la región, de los que 470 superan los 250 kW —lo que se considera alta potencia, con tiempos de recarga que ya se van acercando a los de repostar en un surtidor de combustible—.

Hay otro dato que conviene tener presente al leer esta reforma: a nivel nacional, casi el 10% de los puntos de recarga públicos registrados están actualmente fuera de servicio, según los datos que actualiza el Observatorio ElecTrips a partir de REVE. Agilizar la autorización de instalaciones nuevas no arregla las que ya están en la calle y no funcionan. Son dos problemas distintos, y esta reforma solo ataca al primero.

Para quien ya tiene un eléctrico en Castilla y León, o está pensando en poner placas solares y un cargador en casa, la medida sí puede notarse: menos meses de espera entre pedir el permiso y enchufar el coche. Pero el verdadero termómetro no será cuántas instalaciones se tramitan de más, sino cuántas de las que ya existen funcionan de verdad cuando se necesitan.