El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto a audiencia pública la orden que desarrollará los créditos de electricidad renovable, un mecanismo que permitirá a los operadores de puntos de recarga públicos monetizar la electricidad verde que suministran a los coches eléctricos. El trámite, ligado al Real Decreto 611/2026 de descarbonización del transporte, estará abierto a alegaciones hasta el 15 de septiembre de 2026.
Un ingreso nuevo para quien instala cargadores
El mecanismo funciona así: los proveedores de combustibles fósiles tienen obligación legal de reducir emisiones en el transporte. Para cumplirla, pueden comprar certificados a quienes generan combustibles o energía renovable. Hasta ahora ese mercado se limitaba casi en exclusiva a biocarburantes. La nueva orden incorpora a los CPOs —los operadores de puntos de recarga— como «sujetos habilitados» capaces de generar créditos por cada kWh renovable que entregan en un cargador de acceso público.
El propio Ministerio lo reconoce sin rodeos en la memoria de la norma: el mecanismo pone en valor la electricidad suministrada en los puntos de recarga públicos, lo que incentiva el desarrollo del mercado de la movilidad eléctrica al generar un ingreso adicional para los operadores de puntos de recarga. Es decir, cada punto de carga público pasa a ser, además de un punto de venta de electricidad, una fuente de ingresos indirecta a través de la venta de estos créditos a las petroleras y gasistas obligadas.
El propio texto estima el tamaño del mercado: en torno a 100 operadores de puntos de recarga podrían acogerse como sujetos habilitados, junto a otras 20 plantas de producción de combustibles renovables no biológicos. El detalle técnico —cómo se solicita, se asigna y se intercambia cada crédito— queda regulado en los artículos 14 a 17 de la propuesta, y su transformación final en certificados computables corresponde a CORES como entidad verificadora.
Importante: solo genera crédito la electricidad suministrada en puntos de recarga de acceso público. La carga doméstica o en garaje privado queda fuera del mecanismo, algo lógico dado que su objetivo es incentivar precisamente la red pública, la que necesita inversión para crecer.
La norma sustituye a la Orden TED/728/2024 y será aplicable a la certificación de objetivos desde el ejercicio 2027, siempre que complete su tramitación: todavía debe pasar por informe de la CNMC, del Consejo de Estado y de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos antes de publicarse en el BOE.
Para el conductor eléctrico español el efecto no es inmediato en el recibo de la carga, pero sí lo es en la lógica del negocio detrás del enchufe. Si operar un cargador público empieza a generar ingresos por dos vías —la venta de electricidad y ahora también estos créditos—, el caso de negocio para desplegar más puntos rápidos mejora. Y en un país donde la falta de infraestructura sigue siendo la principal objeción para dar el salto al eléctrico, cualquier incentivo que empuje a instalar más cargadores públicos, y no solo a explotarlos, es una noticia que interesa a quien ya circula en eléctrico y a quien todavía lo está pensando.
