AEDIVE, AORU y AUVE —industria, operadores de recarga y usuarios— han enviado a los partidos doce propuestas de movilidad eléctrica para el próximo Gobierno, con 2030 como horizonte. Piden ayudas a la compra sin anticipar el dinero, que ningún municipio de más de 5.000 habitantes quede a más de 30 minutos de un cargador rápido y que conectar una estación a la red deje de ser una lotería.
Su argumento de fondo, según las tres asociaciones: el transporte supone el 40 % de la demanda energética nacional y casi el 30 % de las emisiones, y depende en un 92 % de los combustibles fósiles. España, además, es el segundo fabricante de vehículos de Europa. Retrasar la electrificación, advierten, costaría inversión y empleo.
La conexión a red, primer cuello de botella
La primera petición no habla de cargadores, sino de electricidad. Las asociaciones reclaman mapas públicos de capacidad de la red, plazos máximos para que las distribuidoras respondan y ejecuten las acometidas, informes trimestrales y, cuando se deniegue una conexión, una explicación con alternativas. También piden garantizar potencia donde la Ley 7/2021 ya obliga a instalar recarga.
En los trámites proponen una declaración responsable igual en todo el país, una ventanilla única digital con acceso al catastro, silencio administrativo positivo y energización provisional. El objetivo: que no quede ninguna estación construida y sin suministro. Y piden que en los cien primeros días se apruebe un plan nacional para vigilar el cumplimiento de lo que ya está en vigor, incluido el reglamento europeo AFIR.
Es decir, buena parte de la lista no pide normas nuevas, sino que se cumplan las que existen.
Disponibilidad del 98 % y un cargador a 30 minutos
Para quien conduce, lo más concreto es esto: tarifas transparentes conforme a AFIR, facturas que separen la energía, el aparcamiento y las penalizaciones por ocupación, interoperabilidad y datos abiertos. Proponen además una disponibilidad mínima anual del 98 % por punto de recarga, sin contar los fallos ajenos al operador, como los retrasos de la distribuidora, el robo de cable o el vandalismo.
Aquí conviene leer la letra pequeña. La propuesta no explica quién mediría esa disponibilidad ni cómo, y «cargador rápido» tampoco lleva una potencia asociada. Son los operadores quienes piden fijar la vara de medir, y las exclusiones que plantean los protegen precisamente de las causas más habituales de un cargador parado.
Completan el bloque un Plan Nacional de Recarga en corriente alterna para hogares, comunidades, empresas y vía pública, y una red de alta potencia en corredores logísticos, depósitos y cocheras para el transporte pesado.
Ayudas sin anticipo y cuadro de mando
Para mover la demanda, piden ayudas con descuento directo en el punto de venta, cuando sea jurídicamente viable, para que el comprador no adelante el dinero. También reclaman continuidad y simplificación de las deducciones fiscales, revisar la fiscalidad del coche de empresa y que la compra pública se base en el coste total de propiedad.
Ángel García, presidente de AUVE, resume la duda del que está a punto de comprar: cuánto le va a costar, dónde cargará si no tiene garaje y si el cargador funcionará cuando llegue.
Las asociaciones piden una mesa interministerial permanente en la que participen y un cuadro de mando oficial cada trimestre, con los puntos de recarga realmente operativos y los tiempos medios de conexión a red. Esa petición toca un nervio: hace unas semanas contamos que AEDIVE y el Mapa REVE no cuadran, con 9.173 puntos de diferencia porque cada uno cuenta de forma distinta. Una cifra oficial y común, que distinga los puntos que funcionan de los que solo existen, sería ya una mejora para quien busca dónde cargar. En el Observatorio de ElecTrips seguimos el Mapa REVE día a día mientras llega.


