La CNMC ha dado luz verde a que los ayuntamientos limiten el precio de la recarga pública en sus concesiones, y va más allá: abaratar el servicio no es solo legal, es un criterio que debe valorarse al adjudicar. El precedente nace de un caso del Ayuntamiento de Murcia y abre la puerta a una recarga más barata en la calle.
El detalle está en el último estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la infraestructura de recarga de acceso público, publicado el 9 de junio de 2026. Entre los más de doscientos informes y casos que el regulador repasa, hay uno que toca de lleno el bolsillo del conductor eléctrico: el informe UM/046/24.
Qué pasó en Murcia
Un operador reclamó contra los pliegos del Ayuntamiento de Murcia para instalar y explotar puntos de recarga. ¿El motivo de la queja? Los pliegos incluían, entre los criterios de valoración, el compromiso de limitar el precio final del servicio de recarga y de mantener ese tope durante un tiempo.
El operador entendía que poner un techo al precio le perjudicaba. La CNMC no le dio la razón. Al contrario: determinó que esa medida es conforme a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, porque ampara el interés de los consumidores.
Hasta aquí, podría parecer un tecnicismo administrativo. No lo es. Lo importante viene en la segunda parte.
No es solo que se pueda: es que debe valorarse
El regulador no se limitó a decir que limitar el precio es legal. Fue más lejos. Estableció que incluir un criterio de abaratamiento del servicio debe ser necesariamente uno de los criterios de valoración, de acuerdo con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. cnmc
La diferencia es enorme. Una cosa es que un ayuntamiento pueda premiar al operador que ofrezca recarga más barata. Otra muy distinta es que deba hacerlo. La CNMC se inclina por lo segundo. Y la Secretaría para la Unidad de Mercado se pronunció en el mismo sentido, lo que refuerza el criterio.
Para el conductor, la traducción es directa: cuando un ayuntamiento saca a concurso una red de cargadores en su municipio, el precio que pagarás en esos puntos debería pesar en la decisión de a quién se la adjudica.
Por qué esto importa más de lo que parece
La recarga pública en España arrastra un problema que cualquiera que cargue fuera de casa conoce: precios opacos, tarifas que cambian de un operador a otro y poca capacidad real de comparar. El propio estudio de la CNMC lo reconoce al hablar de la falta de transparencia en precios y condiciones y las limitaciones en la interoperabilidad, que incrementan los costes de búsqueda y reducen la capacidad de comparación y elección.
En ese contexto, que un regulador respalde meter el precio como palanca en los concursos municipales es una herramienta concreta contra ese caos. No arregla la red de autopistas ni la jungla de aplicaciones, pero sí da a los ayuntamientos un argumento sólido para exigir cargadores asequibles en su suelo.
El matiz que conviene no perder de vista: esto aplica a la recarga en concesiones públicas municipales, no a la recarga privada que un operador instala en un párking o una gasolinera por su cuenta. Ahí el precio sigue siendo libre.
Si tu ciudad despliega cargadores en la vía pública en los próximos meses, este criterio de la CNMC juega a tu favor. Cargar en la calle no tendría por qué seguir siendo una lotería de precios: ahora hay base legal para que el ayuntamiento mire por tu factura cuando reparte el suelo público entre operadores.
