El Gobierno rebaja de 3.000 a 250 kW el umbral de utilidad pública para las estaciones de recarga. Conectar un hub a la red será más fácil. El BOE lo publica este sábado, pero el decreto-ley que lo incluye lo ha llevado al Consejo de Ministros el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Se trata del Real Decreto-ley 41/2026, de 20 de noviembre. El Consejo de Ministros lo aprobó el viernes a propuesta del MITECO, y entra en vigor el domingo 22.
Utilidad pública para estaciones de recarga: qué cambia
El decreto-ley modifica la Ley del Sector Eléctrico. Hasta ahora, la utilidad pública de estas infraestructuras eléctricas quedaba reservada, en la práctica, a las estaciones de más de 3.000 kW. Desde ahora, alcanza a las de más de 250 kW.
Esto afecta a los accesos, las extensiones de red y los centros de transformación y de seccionamiento que alimentan el cargador. La declaración permite la expropiación forzosa y la imposición de servidumbre de paso. Es decir, el promotor puede llevar la línea eléctrica por terrenos de terceros cuando no hay acuerdo con el propietario.
La declaración no es automática. La exposición de motivos del decreto-ley habla de infraestructuras que «podrán declararse» de utilidad pública, por lo que sigue haciendo falta que el promotor la solicite y la administración la conceda.
Una vía rápida sin tres autorizaciones
La segunda novedad va en sentido contrario. Si la infraestructura que une el punto de conexión con la red y el punto de recarga no pide utilidad pública ni necesita evaluación de impacto ambiental, queda exenta de las autorizaciones administrativas habituales.
El promotor solo tiene que presentar, antes de empezar las obras, un proyecto de ejecución y una declaración responsable. Esta debe acreditar el cumplimiento de la normativa de calidad y seguridad industrial. También debe justificar que el proyecto queda fuera de la ley de evaluación ambiental.
El decreto-ley modifica además el reglamento eléctrico de 2000 para aplicar esta exención a estaciones de hasta 3.000 kW. Ahí añade un requisito: el promotor debe renunciar por escrito a pedir la utilidad pública para ese proyecto. Si la administración considera que no cabe la exención, tiene tres meses para requerir más información.
Las dos vías son excluyentes. Quien necesita expropiar o imponer servidumbres mantiene el trámite completo. Quien prefiere ir rápido renuncia a esa herramienta. Además, la norma sustituye tres autorizaciones por una declaración responsable: el promotor gana velocidad y asume más responsabilidad.
Por qué llega ahora
El propio texto lo justifica con el calendario europeo. El Reglamento AFIR exige agrupaciones de recarga de al menos 400 kW cada 60 kilómetros en la red básica de la Red Transeuropea de Transporte. Esas agrupaciones deberán alcanzar los 600 kW desde 2027, con potencias mayores para los vehículos pesados.
Según el Gobierno, el Marco de Acción Nacional presentado en septiembre prioriza la recarga de alta potencia en esa red. Añade que extiende exigencias equivalentes a las gasolineras de mayor volumen de ventas. Con esos requisitos, sostiene el decreto-ley, buena parte de las nuevas estaciones superará los 250 kW.
La demanda acompaña. El Observatorio ElecTrips, con datos de la DGT a 21 de noviembre, contabiliza 129.739 turismos eléctricos de batería matriculados entre enero y noviembre, un 48,1 % más que en 2025. En lo que va de noviembre suman 9.896, un 130,9 % más que en el mismo periodo del año pasado.
La lectura de Repsol: potencia sí, magia no
Oliver Fernández, director de Emobility & EV Infrastructure en Repsol, ha celebrado el cambio en una publicación en LinkedIn. Lo describe como «un ajuste aparentemente pequeño que puede hacer viables proyectos de recarga que hasta ahora no lo eran». Pone un ejemplo: un hub de 600 kW cuya conexión tenga que atravesar terrenos de terceros dispone ahora de una herramienta para desbloquear servidumbres.
Pero Fernández también marca el límite de la norma, que, en sus palabras, «no crea capacidad eléctrica donde no la hay». Donde la potencia existe y el problema es llevarla hasta los cargadores, añade, el escenario cambia mucho. Su consejo al sector es revisar el cajón de los proyectos descartados, porque alguno podría no tener ya motivo para seguir allí.
Lo que queda por ver
Quedan tres incógnitas. La primera es política: un real decreto-ley debe convalidarse en el Congreso en un máximo de 30 días desde su publicación. La segunda es práctica: nadie ha medido todavía cuántos meses ahorrará la vía rápida en un proyecto real. La tercera es la que subraya el propio Fernández: sin capacidad disponible en la red, la utilidad pública no enciende ningún cargador.
Para el conductor eléctrico, la lectura es esperanzadora, pero a medio plazo. Si los promotores recuperan proyectos de 400 a 600 kW en corredores con poca oferta, ganarás paradas de alta potencia donde hoy te cuesta encontrarlas. Mientras tanto, esos cargadores no existen. La transición energética también se gana en los trámites, y este decreto-ley acorta algunos. Falta comprobar si la red eléctrica aguanta lo que la norma ya permite.

